-La Hidra
Por Julio César Vega Olivares
Después del desarrollo estabilizador el país entra en un período de atonía económica, condición de la cual lo rescata coyunturalmente el petróleo, pero en el año de 1982, cuando todo parecía ir bien con el segundo boom petrolero mexicano, nos llegó la primera gran crisis de posguerra, como consecuencia de la enorme deuda externa, y su renegociación nos obligó a aceptar las condiciones leoninas del fondo monetario internacional y del sindicato de acreedores, crisis que continúa y que derivó de una crisis de carácter económico, a una crisis política.
Esto trajo como consecuencia fuertes tensiones sociales y el Gobierno tuvo finalmente que ceder ante su falta de legitimación, como consecuencia del cuestionamiento popular sobre el resultado de las elecciones de 1988, y anteponer la democracia como válvula de alivio a la presión social, por una parte la ciudadanización del sistema electoral y, por otra, permitir a la oposición ocupar algunos espacios políticos, lo que finalmente llevó a una alternancia en la cúpula del poder, en la Presidencia de la Republica, puesto político que parecía inconcebible que fuera ocupado por un partido opositor, con lo que se derribó el tabú del partido único, pero las condiciones del pueblo de México sólo empeoraron, pues las promesas de los candidatos opositores, que en su momento generaron grandes expectativas, cuando éstos llegan al poder tampoco se cumplen y la tan anhelada transición democrática que se esperaba con el cambio partidista derivó en una gran decepción, aunque parece que ahora finalmente, 34 años después, una nueva crisis del petróleo revela a la corrupción como responsable de la problemática del país, pues es una conducta identificada como la mayor amenaza a la estabilidad social y como eslabón principal del abuso y la impunidad.
Ahora, el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto emprende una lucha frontal contra la corrupción y propone un sistema nacional anticorrupción.
El eje central de este sistema anticorrupción es su estructura orgánica, que debe estar integrada de tal manera que evite que la responsable de investigar y procurar justicia contra la corrupción se subordine al poder, a todos los niveles de Gobierno, pues es precisamente contra quien debe de actuar; por ello, las acciones del sistema anticorrupción deben ser totalmente independientes, para acabar colateralmente con la impunidad.
De qué sirve nombrar un fiscal anticorrupción comprometido y que depende de la misma estructura jerárquica, la cual a su vez depende del poder central del Estado o Federal, esto sería simplemente un engaño, un nuevo fraude a la ciudadanía y que además cuente con manga ancha para decidir y actuar, esto sin límites claros y tal vez sería contraproducente; por ello, este fiscal anticorrupción debe de estar siempre bajo el escrutinio público, y establecerle con claridad sus facultades y responsabilidades.
Algunos estados ya han tomado iniciativas en consonancia con la propuesta federal, y comienzan con cambiar de nombre a las Procuradurías por el de Fiscalías Generales, pero cambiar de nombre a las Procuradurías Generales denominándoles fiscalías y a los ministerios públicos, fiscales, es un simple cambio de nombres que no resuelve ni cambia nada.
Sobre todo cuando se establece que para seleccionar a los candidatos a ocupar este cargo de fiscal anticorrupción intervenga la legislatura local o federal, esto simplemente partidiza la propuesta y la contamina. El caso del INE es un buen ejemplo, el cual, a pesar de ser supuestamente un instituto independiente y con una estructura en apariencia neutral, eso no ocurre y sigue manteniendo una gran dependencia del poder, por la vía de la mayoría legislativa.
Y no olvidemos que la otra condición para luchar contra la corrupción es contar con una sociedad civil fuerte, enterada y participativa, expresada como poder ciudadano, capaz de revocar el mandato a cualquier nivel de Gobierno.
Entendemos que el fondo de la transformación de este nuevo sistema anticorrupción es eliminar la influencia y dependencia que sobre el sistema o el fiscal anticorrupción ejerce el poder que precisamente éste debe investigar, a fin de que se procure una justicia pronta y expedita y sin que le tiemble la mano, pero concentrar esa responsabilidad en una sola persona siempre es riesgoso, por ello debe existir un Consejo Ciudadano Anticorrupción integrado por miembros de la sociedad civil, ratificados mediante consulta popular, consejo que sería quien va a verificar la actuación del fiscal anticorrupción y a apremiarlo a que cumpla con su cometido, y que oriente y vigile su acción y ante quien rinda cuentas. Un consejo anticorrupción con facultades fiscalizadoras y para imponerle sanciones administrativas, civiles y penales, o el citado fiscal, podrá con facilidad interponer los intereses del poder a los de la ciudadanía y que finalmente sólo sirva para exonerar los actos corruptos.
Pero los diputados, al elaborar las leyes normativas anticorrupción, pretenden dar fin a la posibilidad de castigar realmente a los corruptos, al dejar esta situación intocada y que la fiscalía anticorrupción dependa de la misma procuraduría e indirectamente del poder central, es decir, en la práctica, tal y como está actualmente.
La pregunta es, ¿quién protege a la corrupción, que parece un monstruo mitológico, una Hidra, a la que se le corta una cabeza y le salen dos?, parece un trabajo muy difícil.
Parafraseando a Séneca, “Los que se han beneficiado de los actos de corrupción son los que los cometen”, por ello, sólo los corruptos estarían temerosos de esta Ley y son los que esperan que la fiscalía anticorrupción se desprestigie y se convierta en un juguete caro y sin utilidad real, y que todo siga igual, es decir, ‘mucho ruido y pocas nueces’, porque parece que por ahí va el asunto, así que parece que igual y Juan te llamas.
