La relación del Estado mexicano con su diáspora en Estados Unidos, a pesar de ser vitalmente importante para nuestra nación, nunca ha sido fácil; caracterizada por momentos recurrentes de rispidez, ha mostrado una falta de empatía y comprensión del perfil y las aspiraciones de nuestra comunidad.
No obstante, 2015 ha arrancado con una decisión que tendrá un impacto capital para el bienestar y la defensa de los derechos fundamentales de nuestros connacionales, particularmente aquellos que son migrantes indocumentados. El anuncio gubernamental de hace unos días marcando el inicio en la emisión de copias certificadas del acta de nacimiento por parte de nuestra red consular, no sólo atiende a un reclamo sensible y constante de innumerables paisanos en EU por obtener un documento esencial de identidad, sino que se erige en mecanismo coadyuvante para que millones de ellos puedan acceder, por medio del acta, a su regularización en Estados Unidos al amparo de la decisión de Acción Ejecutiva migratoria del presidente Obama. Esto es un gran logro de la Cancillería, nuestra embajada en Washington y la SEGOB.
Pero el inicio de año también apunta a la necesidad de evaluar escrupulosamente otro tema trascendental: el proceso por medio del cual el INE emitirá la credencial para votar —así como las eventuales características y modalidades de votación— en el extranjero. No es un secreto que para la mayoría de nuestros paisanos en EU, votar en las elecciones mexicanas no se encuentra entre sus principales prioridades. Y tanto la modalidad de emisión del voto en 2006 y 2012, como la ausencia de credencialización en el extranjero redujeron sensiblemente el número potencial de votantes, particularmente en EU. Pero el que hoy se pueda votar desde el exterior es sin duda alguna producto del liderazgo y cabildeo singular y persistente de activistas, federaciones y clubes de oriundos mexicanos en territorio estadounidense. Gracias a ello, todo mexicano, indistintamente de dónde se encuentre, tiene garantizado el ejercicio del derecho ciudadano al voto.
Sin embargo, el que el INE se apreste a credencializar vía embajadas y consulados y a presumiblemente instalar en ellos urnas para las elecciones se perfila, por decir lo menos, como complejo, problemático y espinoso. De entrada —y si bien Legislaturas recientes han hecho un esfuerzo loable en canalizar crecientes recursos a las labores consulares mexicanas— nuestros consulados en EU cuentan con limitados recursos humanos y, en muchos casos, inmuebles poco adecuados. Más aún, una generación de mexicanos trabajó arduamente para sacar al Ejecutivo federal de las tareas electorales para que ahora lo volvamos a meter por la puerta trasera vía la instalación de urnas en consulados y embajadas. Por último, nuestra comunidad en EU frecuente y justificadamente ve con recelo a una nación —y a sucesivos gobiernos mexicanos— que no les brindó oportunidades para evitar la emigración. A lo largo de una década, la Cancillería ha venido haciendo un trabajo denodado para modificar patrones de interacción poco constructivos con nuestra diáspora y elevar la confianza que ésta tiene en sus representaciones consulares. Lo peor que podría ocurrir es que viejas suspicacias o los siempre potentes “radio-pasillo” dieran al traste con este proceso —y minar la certidumbre de los comicios mismos— como resultado de una denuncia por la supuesta parcialidad político-partidista de un cónsul o la conjetura de prácticas de proselitismo o alquimia electoral en una sede consular. Si nuestros consulados van a apoyar la credencialización, lo ideal sería que se aprueben los recursos para que el INE capacite y comisione personal para efectuar en ellos dicha labor. Y de la misma manera, la decisión más sabia sería que el INE, con partidas presupuestales adicionales aprobadas por el Congreso, descanse precisamente en nuestra red consular pero para identificar escuelas, gimnasios o centros comunitarios en los que se podrían instalar casillas.
Aún estamos a tiempo para que en México se dé un debate cuidadoso y ponderado sobre cómo cumplir con la ley y asegurar tanto el pleno derecho de todo mexicano que reside en el extranjero a obtener su credencial de elector como el que las modalidades del voto faciliten una mayor participación de quienes por decisión propia o necesidad, se encuentran fuera del territorio nacional. El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Proceder en piloto automático a que se instalen urnas en representaciones mexicanas en el extranjero es correr un riesgo innecesario; es como abrir una caja de Pandora.
*Embajador de México
