El hartazgo ciudadano frente a la corrupción requiere una nueva transición democrática. Más nos vale comprender cuál es el problema y cuál la solución, no vaya a ser que el remedio sea peor que la enfermedad. En pocas palabras, frente a la crisis que vivimos se trata de avanzar en la democracia, no de dinamitarla.
Para avanzar se requiere diálogo y escucha. Desde distintas posiciones y expresiones de la sociedad civil hay que afirmar que sí queremos. Hay que construir un gran consenso social del cambio que se requiere, considerando la posición de la mayoría y darle viabilidad mediante la presión unificada.
Uno de las manifestaciones más promisorias emergidas de la crisis a raíz de los hechos de Ayotzinapa es la emergencia de múltiples propuestas, específicas, realizables y bien sustentadas. Estudiantes de posgrado en el extranjero, jóvenes activistas y varias organizaciones serias han propuesto salidas viables. Hay que encontrar los puntos de contacto, y en ellas cuatro o cinco con el mayor impacto y convertirlas en exigencia común.
El problema no es la democracia. Lo que falta en 2015 son alternativas reales. Votar o no votar, ese no es el dilema. El dilema es cómo generar alternativas para tener por quién votar y para tener medios para hacer rendir cuentas a quienes sean electos. En ciertos lugares no hay por quién votar. Pero el país es grande, complejo y plural. Candidaturas independientes y lo que quede de reserva democrática en algunos partidos y regiones ofrecen la posibilidad de sí elegir. No hay consenso sobre la forma de expresión electoral. Lo que sabemos es que votar no es suficiente.
El respeto al voto fue la punta de lanza y se logró después de décadas de lucha. Aunque la competencia electoral en muchos sentidos se pervirtió, no se trata de ir hacia atrás y rechazar estos logros.
Más bien, urge generar opciones y exigencias compartidas. Por ejemplo, el sistema de financiamiento público que generó las condiciones de equidad hoy es fuente de corrupción. Más de 7 mil millones de pesos reciben legalmente los partidos este año (dato gracias a Alberto Serdán). Una posible exigencia es retomar la agenda de #YaBájenle y reducir el financiamiento público a los partidos y sus negocios.
Hay que identificar un conjunto conciso de exigencias compartidas. Por ejemplo, el Tribunal de Cuentas y el sistema contra la corrupción que propone la Red por la Rendición de Cuentas. Exigir la eliminación de bonos y pagos extraordinarios de servidores públicos. O hacer públicas las declaraciones patrimoniales como propone Leo Zuckerman. Estas u otras medidas similares pueden ser la punta de lanza para la nueva transición.
Dos propuestas concretas para avanzar: priorizar la agenda anticorrupción en las diversas agendas de la sociedad civil y escuchar las prioridades de la ciudadanía sobre las medidas concretas para enfrentar esta crisis.
Las diferentes redes y espacios de sociedad civil, en cualquier tema, sea de seguridad, de educación o de medio ambiente, podrían identificar los puntos concretos en que la corrupción afecta esas realidades y los beneficios concretos de enfrentarla para mejorar en sus temas.
Las empresas de demoscopia pueden ayudar a identificar las prioridades y las medidas con mayor consenso social para enfrentar la corrupción.
Se trata de generar alternativas para que la sociedad tenga más poder y la democracia tenga resultados tangibles para la gente. ¿O no?
