Al respecto, la consejera Yolli García Álvarez señaló que al citado Ayuntamiento le requirieron sobre los procedimientos administrativos de licitación pública, los contratos y demás datos relacionados, y el municipio proporcionó la información en forma muy completa, incluyendo fianzas, anticipos, montos, etcétera, sin embargo no dio a conocer el RFC de aquellas personas físicas con las que se hizo alguna contratación o que obtuvieron esas licitaciones, porque considera que se trata de información confidencial y clasificada.
Por eso, dijo, en el proyecto de resolución hicieron una ponderación de derechos: el derecho a la intimidad que tienen las personas físicas y el derecho humano de acceso a la información que tienen todos los ciudadanos para saber en qué se gastan los recursos, y se optó porque prevalezca este último.
Por eso, concluyó en su proyecto de resolución que aquellas personas que venden servicios o productos y que se les paga con recursos del erario público, están implícitamente renunciado a ese derecho a la intimidad.
