-Mientras tanto, Pemex avanza en el análisis de los yacimientos de lutitas y niega afectaciones al ambiente
Por ÉDGAR ESCAMILLA
A pesar de la aprobación de la Reforma Energética, que abre el paso a la iniciativa privada para la explotación de los yacimientos petrolíferos en México, así como el “congelamiento” de las iniciativas de Ley para la prohibición de la fracturación hidráulica como medio de extracción en yacimientos de lutitas, y de la Ley para la transición energética, más ciudadanos tanto del área urbana como rural se suman a la lucha contra el “fracking” que mantienen organizaciones no gubernamentales.
En conferencia organizada por un grupo denominado Juventudes de Izquierda en esta ciudad, Óscar Espino Vázquez, de la Red Unidos por los Derechos Humanos, organización integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking, advirtió de las consecuencias que ha dejado tras de sí la aplicación de esta técnica extractiva en países como Estados Unidos o Argentina, así como su prohibición en naciones europeas.
La fracturación hidráulica, o “fracking” en inglés, es una técnica extractiva de hidrocarburos, aceite o gas, consistente en la fractura de las rocas en estratos impermeables, ubicados a profundidades de entre dos mil 500 y cinco mil metros, mediante la inyección de fluidos a altas presiones. El riesgo del que advierten los activistas está relacionado con las fugas de estos fluidos, cargados de químicos tóxicos, hacia la corteza terrestre, contaminando suelos y mantos freáticos.
Otra de las afectaciones que genera la ejecución de esta técnica, es la utilización en el proceso de perforación de millones de litros de agua, la cual queda permanentemente contaminada, al no existir técnicas para su tratamiento, por lo que es agua que no regresará al ciclo natural, pero que además será confinada en pozos letrina.
Un riesgo que se avecina a las comunidades es el desplazamiento de los pueblos, en virtud de que la Reforma Energética prioriza la extracción de hidrocarburos por sobre cualquier otra actividad productiva.
Para evitar esta situación, las comunidades pueden defenderse mediante la negativa a otorgar las licencias en sus territorios para la explotación de los yacimientos de lutitas, mediante las consultas indígenas, previstas en la Ley.
